Ya se han discutido en múltiples ocasiones los impactos y efectos del terremoto/tsunami, sin embargo, la mirada de ellos aun sigue teniendo distintas visiones desde la Sociedad Civil , el Estado y el Mercado.

Por Oriana Arellano Faúndez,Psicóloga Social,Directora ejecutiva, ONG SURMAULE

Desde el Estado hemos visto propuestas sectoriales, individuales y poco contextualizadas, que han puesto en evidencia las debilidades  institucionales locales y regionales.

Desde el Mercado vemos un excesivo protagonismo tendiente a tomarse el rol que le corresponde al debilitado Estado, movilizando recursos e incluso poniendo su agenda en la acción pública local y regional. Hemos sido testigos de un pseudomodelo de reconstrucción que no comprende la complejidad del proceso que estamos viviendo y que invisibiliza el evidente hecho de que los desastres naturales, como el vivido el 27 de febrero, no nos afectan a todos los seres humanos de la misma forma, sino que por el contrario, agudizan aun más las diferencias y desigualdades preexistentes en nuestra sociedad. Desigualdades socioeconómicas, etáreas, y de manera especial, desigualdades de género, se revelan con el terremoto, descubriendo con esto efectos diferenciales entre un grupo y otro que deben ser analizados desde su complejidad, y no homogenizados desde una categoría homogénea y estática de “damnificado”, como ha sido hasta ahora, tanto desde la mirada del Estado como del Mercado.

Desde la Sociedad Civil existe un enfoque muy diferente; hemos visto una ciudadanía que se ha movilizado, que entiende de manera integral el proceso de reconstrucción y que lo comprende desde un enfoque de equidad.

Hoy, estamos en un momento en que la ciudadanía disconforme se ha empezado a movilizar. Instancias como el Cabildo de Talca, la Red de organizaciones de mujeres de la Región del Maule, los deudores habitacionales, los comités de familias sin tierra, y muchos movimientos ciudadanos, exigen su derecho a incidir, a discutir el tipo de sociedad que tenemos y hemos construido, y sobre todo, el tipo de sociedad y ciudad que queremos tener.

Solo analizando y siendo críticos con el modelo de sociedad que habíamos construido pre terremoto podemos generar cambios y superar inequidades, que no nacieron con dicho terremoto, sino por el contrario, eran previas y se profundizaron aun más.

Solo se puede generar una reconstrucción con equidad, por un lado, si el Estado logra comprender la complejidad del proceso, por otro, si la sociedad entiende y evidencia la preexistencia de las inequidades, y por último, si se incorpora la mirada de la Sociedad civil y la visión de la ciudadanía.

Pero, ¿ Cómo se puede generar una reconstrucción con equidad?

Un ejemplo de equidad y reconstrucción con perspectiva de género

La semana pasada vivimos un suceso de gran importancia: las organizaciones de mujeres de la región levantaron y presentaron una Agenda para la Reconstrucción con enfoque de Género . En ella se evidencia la necesidad de las mujeres de dar cuenta no sólo de sus molestias, sino que también de sus propuestas para generar un proceso de reconstrucción con equidad. Vimos, una vez más, cómo la ciudadanía organizada toma protagonismo y se moviliza, y visibilizamos el rol de las mujeres en la activación de las redes sociales, la contención emocional y la organización de sus comunidades y barrios para enfrentar las crisis . Pero, por sobre todo, vimos cómo la participación de todos y todas en el espacio público y político se levanta como una de las claves para una reconstrucción con equidad.

Por: Claudio Pulgar Pinaud, Académico INVI y Coordinador de Observatorio para la Reconstrucción

Han pasado 3 meses desde el terremoto y maremoto que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010. Durante este periodo, en muchos espacios de discusión se ha dicho que la reconstrucción es una oportunidad para desplegar estrategias de desarrollo sostenible, que promuevan la construcción de mejores ciudades, con mayores grados de ciudadanía, todo ello pensando en el largo plazo. Sin duda que se trata de buenas intenciones que muchos compartimos, pero ¿cómo hacerlas realidad?

En los hechos, sin embargo, coexisten tremendas diferencias de enfoques para afrontar la reconstrucción. Por un lado el gobierno ha apoyado que la reconstrucción en algunas zonas devastadas, siguiendo el modelo de New Orleans, la realicen grandes grupos empresariales (Grupo Hurtado Vicuña en Talca, Cencosud en Talcahuano, por citar los dos casos más emblemáticos);  y por otro lado distintos actores de la sociedad civil (ONGs, organizaciones sociales, Universidades) han manifestado su demanda por iniciativas que recurran a acciones de participación vinculante en la reconstrucción. Lo interesante es que algunas autoridades locales se han unido a esta propuesta de la sociedad civil, la cual se aproxima  a la experiencia basada en la participación que tuvo la ciudad colombiana de Armenia para su reconstrucción.

Siguiendo a Bourdieu, sabemos que la participación se entiende de distinta manera dependiendo de la posición que ocupemos en el espacio social. También sabemos que hay diferentes modos de participación, siendo la más habitual aquella que se circunscribe a la información o a la simple consulta de planes ya realizados. Desde nuestro punto de vista la participación es más compleja y profunda que sólo información y consulta, e implica involucramiento de los actores desde los orígenes de los procesos hasta sus concreciones, así como en su seguimiento. Se trata entonces de procesos de empoderamiento, donde la participación es vinculante, entendida además en el sentido amplio de profundización democrática. La participación debe ser entendida como gobernanza, entendida ésta como redistribución del poder desde el Estado a los actores sociales.

En un nivel más práctico, se reconoce la existencia de diferentes ámbitos posibles de abordar con enfoques participativos: por ejemplo en el diseño de las políticas públicas, en la planificación urbana, en la configuración barrial, en el diseño de la vivienda, entre otras.  Se reconoce también que la participación puede darse en distintas etapas: participación en los diagnósticos, en los objetivos, en la programación y planificación, en los diseños, en la realización o hasta en la operación y gestión de los proyectos.
Existe otra arista de la reconstrucción en la que no profundizaremos la mirada aquí, pero que es muy importante tener en cuenta, ésta es la del mercado del suelo post-terremoto. Son muchas las denuncias de especulación que han aparecido en algunas ciudades devastadas, ejemplos claros en los centros de Talca y Talcahuano. El rol que juegue aquí el Estado será clave para regular abusos especulativos y procesos de expulsión de habitantes. Está en juego el rol público del Estado, y de sus instrumentos para resguardar y velar por el bien común, a esto debemos agregar la ampliación de lo público, incorporando a otros actores en las decisiones en el camino de la gobernanza, desde el enfoque de concebir las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad como premisas básicas.
Lo que han logrado las políticas públicas subsidiarias de los últimos treinta años en Chile, especialmente en el tema urbano-habitacional, ha sido convertir a los habitantes en simples beneficiarios, los cuales son asistidos por programas sociales, siendo sólo objetos focalizados de la política pública. La visión “negativista”  desde el Estado hacia los territorios devastados posteriormente al terremoto y maremoto, podría convertirse en terreno fértil para fomentar la gentrificación, la expulsión de los habitantes, y luego la segregación física y simbólica. Proponemos una mirada diferente hacia las zonas siniestradas, la cual además coincide con el enfoque de derechos en políticas públicas centradas en el habitante.
Podemos hacer referencia al concepto de alienación, instaurado por la política habitacional subsidiaria, entendido como esa situación “impuesta en todas la facetas de la vida cotidiana del individuo por instituciones y organizaciones que no permiten su participación en la provisión de servicios”

Turner culpa de esta alienación, a los sistemas heterónomos, administrados centralmente y dependientes de grandes estructuras piramidales de crecimiento continuo, basadas en tecnologías centralizadoras  .Se refiere a la reducción de la libertad cotidiana, fundamentada en una actitud feudal por parte del Estado hacia las clases sociales. Señala que esta actitud no es responsabilidad exclusiva de los políticos o dirigentes, sino que también de profesionales y funcionarios que implementan las políticas, y que tienden a considerar a los ciudadanos “comunes” -los habitantes- dependientes de ellos y de sus decisiones como expertos. Todos, políticos y profesionales realizan una “administración de servicios a unos beneficiarios dependientes, cuya ignorancia e incapacidad se dan por sentadas”, poniendo en práctica una forma de relación paterno filial y de dependencia entre el Estado y los pobladores .

Se trata de entender el rol eminentemente público del Estado, plantearlo como necesario para la existencia de ciertas instituciones, estructuras, regulaciones y financiamientos, pero con mayores grados de gobernanza, es decir, redistribución del poder y de las decisiones; e insistimos en que la responsabilidad tiene que ver también con el paradigma que manejan los supuestos “expertos” -los profesionales- los ejecutores de la política, quienes, no dan espacios de participación a los pobladores.

Muchos enfoques de políticas públicas, así como de investigaciones académicas, consideran a los habitantes en este caso para el proceso de reconstrucción post terremoto sólo como objetos o problemas a resolver por las políticas sociales, urbanas, habitacionales, etc., pero pocas veces se los plantea como protagonistas de los procesos, ya que los territorios no son entendidos como espacios con potencialidades emancipatorias.

Un camino para avanzar en este sentido sería adoptar el enfoque de derechos en políticas públicas, las cuales se basan en la participación de los habitantes en el diseño e implementación de las mismas. Se trata de entender a los habitantes ya no como meros receptores de la política pública, sino que como sujetos de derechos, actores y protagonistas de los procesos de (re)construcción del tejido urbano y social. En específico la propuesta del derecho a la ciudad nos entrega un marco para el diseño de políticas públicas urbano-habitacionales con enfoque de derechos humanos, con ejes claros y estratégicos como: el ejercicio plena de la ciudadanía, la función social de la ciudad y el suelo; su gestión y producción democrática; el manejo sustentable de los recursos naturales y  energéticos; y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Como dice Harvey: “El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”, he ahí la oportunidad que nos brinda la reconstrucción, en el sentido de aprovechar la tragedia para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, lo que implica implementar políticas , planes y proyectos que se basen en el bien común y se centren en la participación vinculante, por el contrario la reconstrucción no debiera transformarse en una coyuntura para hacer negocios inmobiliarios.

Para implementar una política de reconstrucción con enfoque de derechos, es necesario un cambio de paradigma amplio, que incluye a los políticos, a los diseñadores de políticas y a los ejecutores de éstas, y especialmente a los propios habitantes, suponiendo que estos roles estancos empiezan a “movilizarse”. Mayores grados de participación y empoderamiento en el camino hacia el derecho a la ciudad, son base fundamental de un proceso de reconstrucción participativo y sustentable.

Juegan un rol clave en este proceso las organizaciones de base y las entidades de la sociedad civil, y en especial las universidades públicas, desde nuestro rol crítico y a la vez propositivo, planteando enfoques para abordar el diseño de políticas públicas, y su implementación a  través de proyectos desarrollados con las comunidades.

Referencias:

[1] Esta visión entiende que los habitantes no tienen capacidades, sino que sólo son excluidos.

[1] (Ruiperez, 29).    Ruiperez, Rafael. ¿quién teme a los pobladores ? Vigencia y actualización del Housing by people de John Turner frente a la problemática actual de hábitat popular en América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá. 2006.

[1] (Turner: 31). Turner, John. Vivienda, todo el poder para los usuarios. Hacia la economía en la construcción del entorno. H. Blume editores, Madrid, 1977. Título original Housing by people, Marion Boyars publishers, London, 1976.

[1] (Ruiperez: 30). Ruiperez, Rafael. ¿quién teme a los pobladores ? Vigencia y actualización del Housing by people de John Turner frente a la problemática actual de hábitat popular en América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá. 2006.

Por Álvaro Ramis, Ex Presidente de la Asociación Chilena de ONGs (ACCION)
Publicada en La Nación. 28 de junio de 2010

La sociedad civil ha disputado estos conceptos de ciudadanía. Ha reinventado lo ciudadano desde sus prácticas, desde sus capacidades organizativas.

¿Por qué la sociedad civil debería conmemorar el bicentenario? El 18 de septiembre de 1810 sucedió un evento fundamental en un largo itinerario que no hemos terminado de recorrer. Ese día, siete aristocráticos vecinos de Santiago fueron elegidos a la junta de gobierno, incluyendo al octogenario Mateo de Toro y Zambrano. Todos ellos eran varones y blancos, entre militares, abogados, latifundistas y clérigos. El cabildo de vecinos que los eligió no era muy diferente. Ellos decidieron emancipar su vida colectiva, dotarse de derechos y autodeterminar su destino. Dejaron de ser súbditos y pasaron a ser ciudadanos.

Sin embargo, esa ciudadanía en gestación no alcanzó para todos. Por supuesto no cubrió a las mujeres, que tuvieron que esperar hasta 1949 para que se les reconocieran sus derechos civiles y políticos. Y aún hoy no alcanzan el pleno reconocimiento de sus derechos sexuales, laborales y sociales. Esa ciudadanía tampoco llegó para quienes no poseían más que sus manos y su trabajo.

A los pocos meses, en 1811, fray Antonio Orihuela denunciaba en Concepción: “Con vosotros hablo, infelices, los que formáis el bajo pueblo. Atended: mientras vosotros sudáis en vuestros talleres, mientras gastáis vuestro sudor y fuerzas sobre el arado, mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen entre limpias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo… Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno a la igualdad”.

Para los pueblos indígenas la ciudadanía no fue más que una forma de chilenización forzada e impuesta, que usurpó tierras y culturas a cambio de unos papeles que indicaban garantías imposibles de ejercer y de exigir. Para los niños y niñas, la ciudadanía ha significado ser objetos de cuidado, pero nunca verdaderos sujetos de derechos. Para la juventud, hablar de ciudadanía puede ser sinónimo de responsabilidades penales y sospechas instituidas.

Gays y lesbianas recién alcanzaron un mínimo de ciudadanía en 1999, con la derogación del artículo 365 del Código Penal que castigaba con cárcel la “sodomía”. Y aún hoy, Chile no logra garantizar jurídicamente que no se les discrimine ni se les prive de establecer los vínculos de pareja que estimen convenientes.

El concepto de ciudadanía de 1810 todavía es el que prima en la actualidad. Se trata de una concepción de la democracia unívocamente representativa, ejercida de modo individual y delegativa, que origina ciudadanos-clientes, pasivos, atomizados y carentes de responsabilidad colectiva. Esta perspectiva ha originado un marco legal hostil, desconfiado y restrictivo de la asociatividad.

Un periódico popular sostenía en 1850: “Cada vez que el artesano se reúne, puede tener la seguridad de ser sorprendido y vejado por algún agente de policía… Está prácticamente establecido por la policía que la asociación es un crimen en el obrero; y sucede siempre que artesanos honrados, dignos y laboriosos sufren la vergüenza y la incomodidad de una noche en la casa de serenos, por el crimen de haberse reunido a distraer su fatigas con la música o con la conversación”.

No es por casualidad que la Ley de Participación Ciudadana lleve ocho años de tramitación legislativa. No fue azaroso que el proyecto de Defensor del Pueblo no haya podido prosperar. No ha sido fortuito que todas las propuestas de profundización de la democracia no hayan logrado avances legislativos en veinte años de posdictadura.

Durante estos 200 años la sociedad civil chilena nunca ha sido convocada a constituir el Estado. Nunca la ciudadanía ha ejercido el Poder Constituyente. Todas nuestras constituciones han sido redactadas bajo la presión de los poderes económicos, militares y políticos de turno. Especialmente la actual, que a pesar de sus retoques y correcciones, no se merece la lealtad constitucional de nadie.

Sin embargo, durante todo este tiempo la sociedad civil ha disputado estos conceptos de ciudadanía. Ha reinventado lo ciudadano desde sus prácticas, desde sus capacidades organizativas, desde sus resistencias. Desde la porfía. Y hemos avanzado, transitando desde derechos declarados a derechos ejercidos, exigibles y justiciables. Y debemos estar orgullosos y orgullosas de ello.

Desde las viejas mancomunales obreras hasta los actuales sindicatos, desde las antiguas sociedades de artesanos hasta las asociaciones de microempresarios y productores de hoy, desde las olvidadas sociedades en resistencia hasta nuestras ONG. Hay motivos para celebrar 200 años de reinvención permanente de la democracia, desde una mirada política de sujetos sociales que inciden por un país justo, desde su lugar de vida y de trabajo, desde su identidad.

El terremoto ha develado y acentuado una realidad que sabíamos que existía, pero que se mantenía tras la bruma de lo contingente: un Estado cada vez más reducido, un Mercado cada vez más presente y poderoso, y una Sociedad civil débil y clientelizada por parte de los anteriores.

Por: Marcelo Gutiérrez, Presidente ONG Sur Maule

El derrumbe de barrios enteros, la precariedad de la ayuda y la debilidad de los liderazgos en nuestros gobiernos locales han puesto en evidencia una catástrofe construida por muchos años tras la irrupción brutal de la economía neoliberal. El estado de emergencia ha tensionado a tal punto que el gobierno ha debido adelantar la instalación de sus lógicas empresariales; el forzado discurso social y pseudo progresista se derrumba ante la necesidad de actuar con eficiencia, ya que la única eficiencia conocida por quienes nos gobiernan tiene que ver con los capitales financieros y no con la dignidad de las personas y aún menos con los derechos ciudadanos.

Más allá de la catástrofe, esta situación en la que todos nos hemos visto obligados a mostrar las cartas, ha dejado en evidencia la hipocresía de algunos y la consecuencia de otros, pero a la vez ha permitido que la sociedad civil se reconozca, más allá de sus diferencias y problemas particulares, en una situación de crisis común y transversal.

Los ciudadanos y ciudadanas nos hemos visto obligados a reencontrarnos, a darnos cuenta que la vulnerabilidad de nuestra sobrevivencia se enfrenta mejor de manera colectiva, porque es más “eficiente” y porque no queremos estar solos en esta situación.

El remezón 8.8 reordena el tablero y a la vez nos saca del trance hipnótico en que la cultura del libre mercado nos ha tenido sumidos por décadas. El darnos cuenta llegó de manera violenta, como si nos hubiesen remecido para que nos hagamos cargo de una vez por todas de nuestras vidas, para dejar de naturalizar la forma en que los sistemas funcionales (políticos, económicos, mediáticos, éticos, entre otros) construyen nuestros hábitats urbanos, nos dicen qué ver y qué comprar, nos dictan sobre la estética y los deberes, pero jamás sobre nuestros derechos.

La Sociedad Civil está en alerta, las comunidades reconocieron la importancia de estar con otros en la oscuridad post terremoto y en la ausencia de la desesperante y alarmista imagen de destrucción y saqueos que trasmitía la televisión. Nos permitimos hablar con el vecino y volver a vernos las caras, entristecidas por una catástrofe común que no diferenció clases ni estatus, pero esperanzadas por la solidaridad vecinal.

Corrimos el riesgo de perder este capital social, pues la llegada de la luz y el consiguiente acceso al noticiario histérico nos volvió a encerrar entre las paredes agrietadas de nuestras casas. Sin embargo el germen de la colectividad y la rebeldía ciudadana ante la negligencia política y la omnipresencia del poder económico han permitido la generación de relaciones virtuosas entre organizaciones territoriales y funcionales de distinto orden, con el ánimo de construir un referente social que pretende transformarse en contraparte válida y legítima para el aparato público y el sector privado.

Mientras por un lado en el Congreso se debaten las regalías tributarias para las empresas “donantes”, y por otro la racionalidad técnica de los expertos instalados en las comunas afectadas plantean planes de marketing urbano para la reconstrucción, la ciudadanía talquina, aún sacudiéndose el polvo, se organiza y se auto convoca para incluirse en los procesos de reconstrucción.

Una asamblea ciudadana hace poco celebrada en el Centro Comunitario Provincial de Talca, ha dado paso a un plan de largo aliento para articular a la sociedad civil en un proceso de reflexión, debate y propuestas para construir agenda para el corto y mediano plazo, pero además para continuar observando y participando de una construcción de comuna de carácter ciudadano, multisectorial, integrado y de largo plazo, construcción que trasciende a los planes de corto alcance y a los gobiernos de turno.

En una presentación de avances del Plan Maestro para Talca escuché en varias ocasiones el concepto de “masa crítica”, y la necesidad de aumentarla para propiciar el desarrollo económico de la Ciudad. Entiendo, según he aprendido, que “masa crítica” alude a una ciudadanía activa con capacidad de reflexionar, manifestarse y proponer alternativas al modelo imperante. Desde esta perspectiva entiendo que “masa crítica” son los 2000 ciudadanos deudores habitacionales que salieron a las calles a manifestarse por sus reivindicaciones y a presentar propuestas a las autoridades y no los 10.000 consumidores diarios que transitan por las tiendas de retail de nuestra ciudad. Espero, por el bien de la gente de Talca, que hayamos entendido lo mismo.

Este 5 de junio se celebró en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente, ocasión en la que se recuerda la creación, hace casi 40 años, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En esta ocasión, la fecha encuentra a nuestro país en una difícil situación medioambiental, en proceso de recuperarse de un enorme cataclismo que, además de grandes pérdidas humanas y materiales, provocó un profundo daño a nuestro entorno natural.

Lamentablemente, se desconoce con certeza la medida de este daño, pues las autoridades han sido incapaces de realizar una evaluación independiente y fidedigna de la situación. Tanto la Ministra de Medio Ambiente como otras autoridades han entregado sólo datos parciales y preliminares sobre los daños en diversos ámbitos: infraestructura pública, áreas silvestres protegidas, estado de las instalaciones industriales en las zonas más afectadas por el terremoto. Sin embargo, especialmente respecto a este último punto, los informes de la autoridad se han construido casi exclusivamente con información proporcionada por las propias empresas afectadas, datos que el aparato público no ha tenido la capacidad de contrastar en terreno, de manera de confirmar o precisar la situación.

Esta misma incapacidad de despliegue en terreno ha impedido, además, fiscalizar el estado en que se encuentran las instalaciones productivas de cara a la reanudación de su funcionamiento. Así, resulta imposible saber si las plantas de celulosa, procesadoras de alimentos, hornos industriales, etc., se encuentran en condiciones óptimas desde el punto de vista ambiental y sanitario, y no generarán mayores daños a la salud de las personas y a los ecosistemas. Por ello, desde la sociedad civil se ha insistido en la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva y someter a evaluación ambiental a todos las unidades productivas que resultaron con daños después del 27 de febrero. Pero, por el contrario, en la práctica se ha optado por privilegiar la recuperación económica de las zonas afectadas, olvidando consideraciones de seguridad mínimas o, peor aún, dejando este tipo de decisiones en manos de los titulares de los proyectos.

Sin duda, esta es una pésima señal de cara al proceso de reconstrucción que debe abordar el país en los próximos años, y entrega un indicio respecto a las características que puede tomar este proceso de la mano del gobierno que encabeza Sebastián Piñera. Cabe señalar que por ahora no se conoce un plan global, ni se ha explicitado de parte del Jefe de Estado el sentido que pretende imprimir a este proceso. En su lugar, se ha limitado a establecer una serie de medidas focalizadas (impulsar el inicio del año escolar en las zonas afectadas, construcción de viviendas de emergencia, entre otras), y se ha centrado principalmente en proponer mecanismos de financiamiento para las tareas de reconstrucción.

Y pese a que no se ha señalado de manera explícita, sí ha quedado plasmada en los hechos una clara tendencia a otorgar un papel relevante al sector privado, especialmente a las grandes empresas. Se espera, por lo pronto, que éstas jueguen un rol relevante en lo relativo al financiamiento, tanto a través de donaciones que se pretende acelerar con beneficios tributarios, como por mayor recaudación tributaria gracias a una reforma que discute actualmente el Parlamento. Como contrapartida, se ha otorgado un escaso espacio a la voz de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones respecto a todo nivel. Sin duda, una reconstrucción carente de la visión de la sociedad civil corre el riesgo de constituir un proceso débil y con escaso sustento.

Esto se ver reforzado con el hecho de que, en términos generales, no se conoce una estrategia global de parte del gobierno para enfrentar el mediano y largo plazo. Para construirlo, el gobierno debiera emprender de inmediato, acciones que permitan reforzar la participación ciudadana, generando instancias tanto formales como autogestionadas, e intensificar la descentralización en la toma de decisiones. Sólo si se cumple este requisito mínimo los chilenos podremos mirar con mayor confianza el futuro, enfrentar en mejor pie la enorme tarea de reconstruir lo dañado por el terremoto, y hacerlo aún con mejores estándares, tal como ha insistido el Presidente.

Por: Paulina Vera
Fundación Terram

Más de tres meses han pasado desde que sufrimos el terremoto de 8.8° en la escala de Richter y su posterior maremoto. El tiempo transcurre y las autoridades ambientales chilenas no han sido capaces de entregar una evaluación clara con respecto al daño ambiental que ha sufrido el borde costero de la zona centro sur de nuestro país.

A la fecha no existen informes públicos emitidos por parte de las autoridades marítimas con competencia ambiental, tales como DIRECTEMAR, Armada, Defensa o Subsecretaria de Pesca que den cuenta del real estado de los ecosistemas marinos. Hasta el momento no se sabe la verdadera alteración del borde costero, ni cuál ha sido el daño a la biodiversidad bentónica, submareal y costera debido al movimiento provocado por el maremoto, ni tampoco del impacto generado por los escombros resultantes del  paso del maremoto en sectores costeros poblados. Tampoco se ha hecho público el estado de los emisarios submarinos e informado si éstos sufrieron algún tipo de fallas o fisuras debido al movimiento telúrico.

Los únicos esfuerzos que se han hecho por saber cuáles son los impactos ambientales que ha sufrido el borde costero, se han dado a través de las ONG’s chilenas que claman por tener más información para poder reaccionar frente a los hechos. A través de centros de investigación y/o universidades han comenzado a realizar diferentes tipos de investigaciones para determinar las huellas y cambios que ha dejado la ola gigante que arrasó sobre el territorio costero. Así como también con el levantamiento de información que han realizado las propias organizaciones de pescadores artesanales.

El día 13 de abril pasado, tuvo lugar en la Universidad de Concepción un seminario denominado “Plan de Reconstrucción Región del Biobío: Desafíos y Oportunidades” en el cual se plantearon los principales objetivos en cuanto al levantamiento de información que es primordial antes de comenzar a reconstruir el país y el borde costero.  A ello, se suma la demanda de fondos que ha realizado el instituto geográfico militar para poder hacer nuevas cartografías.

Es gracias a los esfuerzos de científicos que sabemos que la desembocadura del río Maipo se hundió 4 metros afectando las dunas de Llolleo y de Santo Domingo; sabemos también que en la zona del Humedal Tabul Caqui en la VIII Región, el borde costero sufrió una elevación, lo que comienza a modificar la geomorfología del lugar, impidiendo que entren las aguas al mar como era lo usual.

Por tanto, es obvio que el país necesita contar con información, ambiental y geográfica actualizada,  ya que los vacíos en el levantamiento de información por parte de los organismos estatales inciden en que no exista la posibilidad de  fiscalización y toma de decisiones,, sobre todo en momentos como éste,  donde urge que exista información adecuada para poder actuar con conocimiento de causa y con hechos, para de este modo generar un real aporte al desarrollo, sin la necesidad de continuar afectando nuestros ecosistemas  naturales y sin correr el riesgo de generar daños en los asentamientos humanos.

En este 5 de Junio, fecha en que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente el llamado es a la reflexión, en cuanto a la necesidad de una pronta evaluación sobre los impactos ambientales causados por el maremoto en el borde costero de la zona centro sur, ya que es una zona base para la economía y subsistencia de muchas familias a lo largo de Chile y tristemente es la zona más afectada por el tsunami.

Por: Joseline Canio, Fundación Terram
Fuente: Fundación Terram.

Por: Álvaro Ramis
Presidente Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN A.G.

Desde el 27 de febrero tanto el Estado como el sector privado han movilizado sumas ingentes de recursos y han convocado enormes campañas públicas de recolección de fondos y bienes enfocados en la emergencia. La nueva ley de donaciones va a permitir que el mundo empresarial mantenga estos aportes, canalizado recursos específicos al Ejecutivo por medio del nuevo Fondo Nacional de Reconstrucción. Sin pretender de ninguna manera opacar este esfuerzo, creo que es importante diferenciar este tipo de iniciativas de las que ha emprendido la Sociedad Civil.

La primera diferencia es relativa a su visibilidad. Si quisiéramos calcular el monto de los aportes de las empresas o del gobierno a la reconstrucción del país no sería muy difícil hacerlo ya que cada donación ha merecido una cobertura especial por parte de los medios, que han destacado con creces cada suma donada o reasignada. Por el contrario, si pretendiéramos saber cual ha sido el aporte del “tercer sector” no sería fácil llegar a una cifra, ni siquiera a un cálculo aproximado. Más complejo todavía, el aporte de las organizaciones sociales, sindicales, o del campo asociativo en general, ha corrido por causes que rebasan lo relativo a las donaciones en efectivo o especies. Sería necesario cuantificar un número de horas de trabajo voluntario, de habilidades profesionales disponibles, de información, contactos y redes sociales intangibles que harían muy difícil llegar a una suma total. Los efectos del terremoto han puesto a prueba el capital social acumulado por Chile, al que se le ha exigido un despliegue a una escala desbordante. Y la ciudadanía, ha respondido, pero en un escenario dificultoso, que no refleja confianza ni apoyo a su especificidad.

No se trata de competir en montos de dinero ni en capacidad de reacción. Lo único que creo importante diferenciar es que el aporte de la Sociedad Civil ante una emergencia es cualitativamente diferente del aporte que puede hacer el Estado o los privados. Se trata de un campo de iniciativas dispersas, invisibilizadas, que no buscan ni logran titulares de prensa. En segundo lugar se trata de un aporte que aunque canaliza recursos materiales, en sumas no despreciables, su contribución más específica radica en la posibilidad de movilizar capacidades humanas. Es en este campo donde se evidencia que las propuestas de fortalecer la sociedad civil, largamente postergadas, se transforman en un el objetivo político de primer orden, que debería ser tratado a la altura de un desafío de Estado.

La catástrofe nos obliga a improvisar creativamente y significa un esfuerzo complejo, que va más allá de la danza de millones que hoy se debate en el parlamento. La acción concertada del Estado y las empresas, por impresionante y voluminosa que sea, posee limitaciones estructurales que sólo se pueden abordar con el concurso de la ciudadanía organizada. Para apoyar este proceso es necesario facilitar y promover la asociatividad y la inclusión social en este proceso. La rápida aprobación de la esperada Ley de Participación Ciudadana sería un aporte invaluable en este objetivo, facilitando el despliegue de las energías que ciudadanía chilena dispone en torno a un objetivo de bien común. Más que palabras, es hora de dar poder a la gente.

Por: Sebastián Ainzúa Auerbach, Coordinador de Programas. Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

El debate surgido sobre los mecanismos de financiamiento para la reconstrucción post-terremoto, ha puesto en la esfera pública la discusión relativa a impuestos y royalties. Sin embargo, aunque las propuestas realizadas por el Gobierno permiten enfrentar la coyuntura, es necesario profundizar la discusión sobre carga tributaria y financiamientos del Estado.

Partimos de la base que Chile requiere una reforma mucho más amplia, porque el sistema tributario actual muestra un déficit necesario de encarar. Resumiéndolos, podemos decir que hay 4 elementos relevantes a considerar a la hora de reformar el sistema: En primer término, se aprecia que Chile tiene una carga tributaria menor a la que debería tener para el nivel de ingresos que presenta. En general, la ley Wagner muestra que los países tienden a presentar una carga tributaria mayor, mientras más aumenta el ingreso.  Es cierto que la carga tributaria “requerida” depende del contrato social establecido al interior de las naciones, pero objetivamente se observa  que ante mayores ingresos la sociedad presenta más demandas ante el Estado y que éstas tienen que ser financiadas mediante mayores cargas tributarias. De hecho, la OCDE, en su Estudio Económico de Chile (2010) señala que “para incrementar la provisión de bienes públicos y garantizar la sustentabilidad del gasto público a mediano plazo, podría ser necesario ampliar los ingresos fiscales tributarios del gobierno”[1].

En segundo lugar están los aspectos de composición de la recaudación. La mayor parte de los ingresos del Estado (casi un 50%) está compuesto por el IVA, impuesto indirecto que grava el consumo y que es altamente regresivo. En tercer lugar, y ligado al anterior, está el problema del impacto distributivo de la tributación. Diversos estudios demuestran que la distribución del ingreso empeora después de impuestos[2]. Por ejemplo, tomando el estudio de Jorratt, et al., se puede apreciar que antes de impuestos, la diferencia entre el 20% más pobre y el 20% más rico de la población es de 17, 04 veces. En tanto, después de impuestos, esa diferencia aumenta a 19, 64 veces[3].

El cuarto elemento relevante es el déficit permanente que presenta el presupuesto respecto de los ingresos tributarios: los ingresos tributarios de Chile siempre están por debajo del gasto y la diferencia es financiada con ingresos provenientes de otras fuentes, como los ingresos del cobre. Esta situación se traduce en un alto grado de dependencia, que si bien ha sido corregida por el modelo de ingresos de largo plazo incorporado en el balance estructural, deja un margen de volatilidad de ingresos de corto plazo que dependen de los precios internacionales del recurso.

Otra cuestión relevante, pero no asociada a los ingresos, sino al gasto,  es que el presupuesto presenta un alto porcentaje de rigidez. Según datos de la DIPRES, el porcentaje de gasto del presupuesto fiscal reprogramables es aproximadamente el 25%. Dicho de otra forma, el 75% del presupuesto está comprometido por contratos o programas, lo que deja poco espacio de maniobra para la gestión de los presupuestos. Ahora bien, esta apreciación no implica que sea beneficiosa la reasignación de presupuesto -como se ha propuesto en el gobierno- sino más bien hace evidente la necesidad de buscar mecanismos de financiamiento que contemplen fondos para emergencias como el terremoto o la erupción del volcán Chaitén. Es difícil comprender cómo un país de las características de Chile no cuenta con fondos para catástrofes. Es debido a esa falencia que se recurre a ajustes que alteran los planes y programas públicos.

En resumen, tenemos una carga tributaria menor a la que deberíamos tener; el Estado se financia con impuestos que son regresivos y que empeoran la distribución, además existe un déficit permanente con un presupuesto rígido. En ese contexto, se da un escenario para replantear la discusión tributaria más allá del aumento circunstancial del royalty o los impuestos.

Instrumentos de financiamiento

El entorno descrito nos lleva inmediatamente a la pregunta ¿cuáles son las alternativas  de reforma tributaria? Si partimos por los instrumentos clásicos es posible señalar que se requiere una reforma tributaria general que incluya: aumento de impuestos a la renta, (de primera y segunda categoría) y reducción y eliminación de exenciones[4] del IVA, debido a que éstas amplían la inequidad del impuesto, porque las familias de mayores ingresos presentan un mayor consumo de servicios exentos del gravamen.

También es necesario corregir el pago de impuestos de los servicios profesionales (médicos, arquitectos, abogados, entre otros) porque, mediante la creación de sociedades, pagan menores impuestos que los que tendrían que pagar en la  tasa  marginal del impuesto de segunda categoría. Más aún, en muchos casos las sociedades se crean exclusivamente para esto, profundizando las desigualdades del sistema tributario.

En el mismo sentido, es necesario seguir avanzado en reducir las tasas de evasión tributaria.  El IVA presenta una evasión de 18%[5], mientras que el impuesto a la renta de las empresas tiene una tasa que para año 2006 se estima en 30%  (y de un 48%, cuando no se contemplan las empresas mineras).[6]

Ahora bien, respecto de los instrumentos no tradicionales, hay dos alternativas que, para las características de Chile, son viables, justificadas y eficaces: Royalties e Impuestos Ambientales.

Royalties

Los royalties o regalias, son un pago, que se realiza a favor del propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. Los casos más extendidos de royalties se aplican a la minería, donde el dueño del derecho es el Estado, el que desea ejercerlo son las empresas y el pago se denomina royalty. Éste puede tomar la modalidad de tasa (un porcentaje de los ingresos  o utilidades) o un monto fijo (por ejemplo, dólares por tonelada).

No obstante, el royalty es aplicable a varios sectores como pesca, usos de agua o concesiones acuícolas, donde la característica común es que mediante un royalty se hace posible cobrar el precio por uso del recurso que no es fácil (o posible) determinar a través de mecanismos directos, como el mercado,  y que al no tener precios tienden a ser sobreexplotados. Dicho de otra forma, los royalty surgen porque hay un problema en la valorización de los recursos naturales, debido a que no tienen un valor in situ (antes de ser extraídos).

Royalties bien aplicados y  a tasas adecuadas, permitirían recaudar ingresos y, a su vez, tender al uso sustentable de los recursos naturales. Hoy en día, en cambio, en Chile sólo se aplica el royalty al sector minero, pero el mecanismo empleado presenta varias falencias: es una tasa que está por debajo del promedio de los royalties a nivel mundial;  se aplica sobre las utilidades, no sobre los ingresos  y, adicionalmente, fue negociada con las empresas, para que renunciaran a la invariabilidad tributaria (permitiéndoles optar por una nueva invariabilidad y con tasas de royalty más bajas).

Con todo, no sólo es necesario corregir ese impuesto, sino también sería deseable aplicar regalías sobre concesiones acuícolas (derechos de aguas marinas y lacuestres), derechos de aguas (sobre los ríos) y cuotas pesqueras. En todos ellos se presentan situaciones de sobre explotación y uso que generan impactos sobre otros sectores y que merman los ingresos del Estado.

Sin embargo, con el royalty no basta. Es necesario aplicar algunos criterios generales de implementación, como:

- Establecer claros mecanismos para que parte de los ingresos se queden en las regiones y destinarlos para crear nuevas actividades productivas.

- Cobrar royalty sobre ventas y no sobre las utilidades. De esta manera se reducen las capacidades de evadir y se recoge el verdadero valor de los recursos naturales.

- Modificar los derechos de propiedades en general, para que el traspaso sea sólo para producción y no para traspaso de la propiedad.

Impuestos Ambientales

Este tipo de gravámenes está bastante extendido en Europa, pero no han sido  utilizados profundamente en América Latina. Una característica fundamental de los impuestos ambientales es que, a diferencia de los impuestos generales, no generan distorsiones en las economías, ya que tienen la virtud de lograr que los sectores gravados incorporen dentro de sus costos los impactos ambientales de las actividades.

Con el uso de impuestos ambientales se genera un espacio de tributación importante sobre todo por la eficiencia que tienen, pero además, son particulares por lo acotados -y direccionados- de los incentivos o castigos que generan. Asimismo, una buena aplicación tiene la posibilidad de generar cambios en el comportamiento de los agentes, por ejemplo, en la emisión de basura.

En Chile, hoy sólo se aplican impuestos ambientales al tabaco y las gasolinas, pero existe un amplio espectro de sectores donde podrían aplicarse: Usos y contaminación de aguas; a las emisiones y descargas a los ríos;  deforestación; usos de plaguicidas; vertederos, emisión de basura y desechos industriales; tarificación vial diferenciada; emisiones de CO2, entro otros.

Un ejemplo claro, donde se requiere aplicar impuesto es en el sector termoeléctrico. Aquí se requiere generar incentivos para reducir el consumo de carbón. Para ello, se podrían aplicar impuestos diferenciados tanto al consumo de combustibles, como a la generación eléctrica y así distinguir entre las centrales que usan carbón o las que usan otros combustibles, mediante una señal de precios e impuestos que incentive el cambio hacia una matriz energética menos contaminante.

En definitiva, Chile es desigual y el terremoto demostró aún más la desigualdad territorial: entre quienes sufren los impactos y quienes fueron –y siguen siendo- los más afectados por el terremoto. En el contexto de esta catástrofe vemos que tanto la pobreza como la desigualdad se van a incrementar, lo nos obliga a replantear el financiamiento del Estado más allá de la reconstrucción. La discusión de fondo que surge aquí tiene que permitirnos mirar a largo plazo.

Es necesario en ese contexto preguntarnos ¿Cómo financiar la movilidad social?, ¿cómo sacar a las familias de la vulnerabilidad o de la pobreza?¿Cómo financiar la seguridad social y la educación?, junto a otras interrogantes que debemos plantearnos como país. Las respuestas a estas preguntas no se resuelven, como plantea el gobierno, con crecimiento económico, porque en sociedades de alta desigualdad como la nuestra, el crecimiento también tiene se distribuye inequitativamente. Es por ello, que se requiere de una carga tributaria distinta. Ahora bien, el cómo abordar ese cambio dependerá de dónde pongamos los ejes. Por un lado, están los nuevos instrumentos como los royalties e impuestos ambientales, que se aplican a sectores específicos y con impactos acotados en el resto de la sociedad. Pero éstos deben entrar dentro de un paquete más amplio de reformas que abarque el sistema en su conjunto y con soluciones de largo alcance, que permitan resolver las inequidades y hacer frente a los desafíos de la nueva sociedad chilena.

Algunos tipos de Impuestos ambientales

Impuestos sobre emisiones: Son cargos que están relacionados con la contaminación real o estimada que provoquen. Estas pueden ser emisiones a la atmósfera, agua, suelo e incluso ruido. Por ejemplo, las emisiones de CO2 de las fuentes industriales o las descargas sobre afluentes de agua o las emisiones de ruido en el campo de la aviación.

Impuestos sobre insumos o recursos: Son cargos sobre productos específicos que generan impactos sobre el medio ambiente. Ejemplos de ellos son los cargos sobre gasolinas, plaguicidas, cigarrillos, pilas, envases no retornables o electricidad.

Impuestos diferenciados: Corresponden a cargos que buscan inducir cambios en el consumo mediante costos diferenciados mediante impuestos. Algunos ejemplos son los impuestos sobre gasolinas con o sin plomo.

Impuestos a la explotación de Recursos: son gravámenes que se aplican sobre actividades extractivas o de explotación de bienes que tiene impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, cargos a la extracción de minerales como carbón o petróleo.

Subsidios Tributarios: Los subsidios pueden entenderse como impuestos negativos que se aplican para incentivar actividades o productos con impacto positivo sobre el medio ambiente. Un ejemplo de esto son los subsidios para inversiones  en tecnologías.

[2] Engel, Eduardo;  Galetovic,  Alexander.; and  Raddatz Claudio. (1997) Taxes and Income Distribution in Chile: Some Unpleasant Redistributive Arithmetic. [disponible en www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/redistri.pdf ]

Jorratt, Michael ; Cantallopts, Jorge ;  Scherman Danae (2007) Equidad Tributaria en Chile Un Nuevo Modelo para Evaluar Alternativas de Reforma [disponible en http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/Jorrat.pdf ]

[3] El estudio utiliza la definición de ingresos de de Haig-Simons, que plantea que la renta o ingreso anual de una persona corresponde a la variación que experimenta el valor de su patrimonio entre el comienzo y el final del año más el consumo anual.

[4] Algunas de las principales exenciones, por familias de productos son: Transporte ferroviario, aéreo y terrestre de pasajeros; Seguros generales; Entradas a espectáculos culturales y deportivos;  Educación; Servicios profesionales; Seguros de vida y de salud; Servicios financieros;  Servicios de salud; Arriendo de bienes raíces.

[5] Diario La tercera, 24/04/2010.

[6] Michael Jorratt De Luis (2009) La tributación directa en Chile: equidad y desafíos. CEPAL-GTZ [Disponible en http://www.gtz-cepal.cl/publicaciones_macroeconomia ]

Escrito de Sabine Dievenkorn, profesional que trabaja en la zona devastada por el terremoto y que cuenta la historia de una familia en Dichato que, junto con perder su casa tras el terremoto, con posterioridad ha sido desalojada por los militares del terreno donde se encuentra la vivienda de emergencia recientemente levantada. Las razones que se entregan es que el terreno es público. Es un ejemplo más del drama que viven las miles de personas sin casa y que han perdido por completo el sentido de pertenencia y que viven en condiciones indignas. Asimismo, demuestra el accionar de las autoridades que tozudamente llevan a cabo un plan de reconstrucción sin considerar el sentir de la gente.

Por: Prof. Dra. Sabine Dievenkorn

“Hay que desarmar la casa, ¡inmediatamente!” Ricardo recibe un llamado telefónico mientras está trabajando a cuatro kilómetros de su casa. Es una orden de los militares. Confundido, corre rápido a su casa. A pie. A izquierda y derecha de su recién armado alberge de emergencia, se han estacionado dos aplanadoras. Brilla el sol. Pero el idilio es engañoso. Angustia, perplejidad, horror.

La casa en cuestión es apenas un refugio de invierno para una familia de Dichato que ha perdido su casa y su sitio por el tsunami. Pudieron salvarse a sí mismos. Apenas su vida y lo que llevaban puesto para el sueño nocturno al despertar del 27 de febrero, más tres sillas que el mar devolvió más tarde a la playa.

El tsunami y el terremoto dejaron sin casa en Dichato a casi todas las familias. Entre ellas están Ricardo (23) y Paola (20) con sus hijitas Antonia (4) y Maite (1). Maite toma pecho todavía. Es casi un milagro que la leche no se le haya cortado a Paola tras todo el susto y las penurias.

Gracias a iniciativa de terceros y a la ayuda privada de algunos, los cuatro pudieron entrar a su nuevo cuartel invernal el sábado pasado. Ocho semanas después de la catástrofe, que convirtió en unos “sin casa” a quienes habían sido propietarios, ellos tienen ahora una morada de madera revestida de zink que mide tres por seis, un total de 18 metros cuadrados. El baño está afuera. No hay ducha. Tampoco agua. En Dichato, todavía hay que ir a buscar agua a un pilón central con baldes, botellas o palanganas. Donativos privados permitieron la semana pasada que compraran una cocina a leña. Una vez instalada ésta, Paola hizo pan para todos, mientras el horno calefaccionaba toda la casa – lo que no es ningún milagro, si se piensa que son sólo 18 metros cuadrados por calentar. Corrieron lágrimas de alegría. Como si de veras fuese un milagro.

La suerte les duró apenas diez días. Hasta que llegaron las retroexcavadoras. La casa debía desaparecer. Hasta allí debía llegar una vereda. Así lo habían decidido la alcaldía y los militares. Se aducía que dos de los seis metros que tiene la casa habían sido construidos en terreno público. Y esos dos metros debían ser roturados para que los militares construyeran alberges de emergencia para los sin-techo. Barracas de madera de las mismas dimensiones.

Los responsables amenazan con que, si la casa no desaparece, va a ser terraplenada por topadoras y palas mecánicas. Es técnicamente posible. Por eso se va a hacer. Lo que a una la deja atónito es que se lo considere posible desde el punto de vista ético. Sin embargo, la ayuda militar para la reconstrucción– que ahora ordena desmantelar – sigue adelante de manera implacable y sin consideraciones de ninguna especie.

En su desesperación, Ricardo comienza a desarmar su casa. Lo hace solo. No tiene ayuda de nadie. Maite llora, Antonia fue al médico con la abuela, Paola se queda mirando perpleja e inexpresiva. Trata de amamantar a su guagua.

¡Son dos metros de terreno público los que ahora deben terraplenarse para preparar el acceso a un albergue de emergencia que por ahora sólo existe en los planes! ¿No es absurdo? Lo es desde una mirada ética, humana y tal vez también jurídica. Sobra terreno en todo el entorno para roturarlo con esos fines. También hay dos metros al otro lado de la nueva población de emergencia que se ha planificado desde un escritorio, sin visita a terreno.

¿A dónde deberá emigrar la joven familia? ¿Justo ahora, cuando comienza a llover y llega el frío? Después de la catástrofe, la familia pasó la noche en el bosque, entre matorrales y bajo ramas de árboles. Cuatro días después, alguien les regaló una tienda. Ahora deben volver a la nada. Pero eso no le interesa a nadie. Para los militares, lo único importante es la realización de su plan de acción. ¿Qué pueden hacer dos jóvenes desvalidos, padres de dos niños pequeños, contra el poder y la potencia de los militares?

Concedido que, por ignorancia, aquí se utilizaron dos metros de terreno público de la comuna: pero ello no justifica una medida así de drástica. Porque no estamos hablando de una pérgola que alguien hubiera edificado en lugar prohibido para convertirla luego en casa de veraneo, ni tampoco de un bungalow con vista al mar para pasar vacaciones. Lo que aquí se hizo, se lo hizo de buena fe. Así, se construyó una morada para una víctima del terremoto. Espartana en su sencillez y falta de confort. Apenas una ayuda en la necesidad. Que se haya pasado por alto una norma, tal vez, pero justamente la democracia reposa sobre la posibilidad de corregir los errores, por una parte, y el resguardo de las proporciones en la selección de los medios, por otra. Y, por favor, ¿qué puede justificar el que conscientemente se llegue a convertir a una familia en un grupo de sin-casa? Es sólo una catástrofe humana que en nada le va a la zaga a la tremenda catástrofe de la naturaleza. Al contrario. Se diluye la frontera entre uso y abuso de poder. Pues aquí se podrían tomar decisiones muy distintas, si sólo se participara con mente abierta y corazón solidario en el destino y las necesidades reales de la gente.

Mail de contacto: sabine.dievenkorn@googlemail.com

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Mostrador en el marco de la conmemoración del día Mundial de la Tierra,  22 de abril de 2010.

Cada 22 de abril, alrededor de todo el mundo se celebra el Día de la Tierra, momento propicio para analizar aspectos contingentes en materia ambiental en el país, que esta vez se encuentra conmocionado a causa del terremoto y posterior maremoto de febrero. Durante este año, el gobierno deberá implementar la nueva institucionalidad ambiental, que fue aprobada por el Congreso en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet.

Durante la discusión de esa reforma, Fundación Terram junto a algunos parlamentarios planteamos la necesidad de incorporar a todas las industrias e instalaciones productivas al Sistema de Evaluación Ambiental, incluyendo a aquellas construidas previo a la entrada en vigencia de la antigua ley ambiental, a mediados de los 90, y que por lo tanto no fueron evaluadas ambientalmente bajo la ley N°19.300 y no cuentan con autorización ambiental emanada de un proceso de calificación ambiental.

No existe hasta ahora un catastro exhaustivo respecto a los daños en las zonas más afectadas en la infraestructura de diversa índole, tales como rellenos sanitarios, plantas de procesamiento agropecuario, plantas de celulosa.El argumento era claro: pese a que esas industrias entraron en funciones cuando las leyes ambientales eran más permisivas o completamente inexistentes, es necesario regularizar estas situaciones y aunar criterios, otorgando plazos razonables para disminuir los impactos ambientales, a la salud de las personas y los ecosistemas, incorporar la tecnología necesaria, y así exigir a todas las instalaciones productivas del país los mismos estándares ambientales.

Esta propuesta cobra nuevamente relevancia tras la coyuntura generada por el terremoto y tsunami, a la vista de la gran cantidad de infraestructura productiva de todo tipo que se vio afectada por el movimiento telúrico, y que quedó con daños de diversa consideración. Todas estas instalaciones deberán ser sometidas a reparaciones, incluyendo, en algunos casos, obras mayores.

Esta situación plantea al menos dos interrogantes fundamentales. En primer término, no existe hasta ahora un catastro exhaustivo respecto a los daños en las zonas más afectadas en la infraestructura de diversa índole, tales como rellenos sanitarios, plantas de procesamiento agropecuario, plantas de celulosa, etc. Es necesario que la opinión pública conozca en detalle no sólo la infraestructura destruida, sino también la presencia y eventual liberación al medio ambiente de sustancias peligrosas, y los riesgos que éstas pueden implicar para la salud de las personas. La respuesta a esta interrogante es urgente y representa el punto de partida fundamental para la toma de cualquier decisión.

Junto con ello, se plantea la disyuntiva respecto a si todas las obras de reparación y reconstrucción que será necesario emprender serán sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Al no haber sido sometidas previamente al Sistema, no existe para estas instalaciones planes de contingencia ni respaldo legal que permita intervenir en caso de catástrofes naturales u otros casos fortuitos, de manera de actuar a favor de la protección de la salud de las personas y el medio ambiente, y no exclusivamente velando por la inversión de capitales privados.

Esto refuerza la necesidad de insistir, ahora más que nunca, en establecer mecanismos que permitan incorporar al SEIA a todas las instalaciones productivas relevantes actualmente funcionando en el país, sin importar el momento en que entraron en funcionamiento. Es necesario evaluar su impacto bajo el prisma de los actuales parámetros en términos de contaminantes y manejo de elementos tóxicos.

En tanto, respecto a las reparaciones que será necesario emprender, evidentemente se trata de obras nuevas, por lo tanto debieran someterse a la legislación vigente en materia ambiental, es decir, ingresar al SEIA y cumplir cada uno de los requisitos y pasos que éste determina. Lamentablemente, ya se han dejado sentir con fuerza las presiones en el sentido de acelerar el proceso de reconstrucción y puesta en marcha del aparato productivo de las zonas afectadas, y se han repetido consignas en el sentido de “acelerar los trámites burocráticos” necesarios, incluidos los ambientales.

Es en este tipo de situaciones en las que la sociedad en su conjunto, en base a un debate informado, debe tomar decisiones que son claves para el futuro del país y del planeta, compatibilizando intereses contrapuestos. Si bien es muy importante recuperar la actividad económica del país, esto no puede hacerse a costa del medio ambiente o asumiendo riesgos sanitarios para la población. No debe desperdiciarse la oportunidad de un nuevo comienzo, que permitiría establecer procesos más amigables con el medio ambiente y la salud humana y, tal como lo han repetido diversas autoridades, reconstruir el país mejor que antes.

Fuente: Terram